José Albuccó, académico Universidad Católica Silva Henríquez y creador del blog Patrimonio y Arte
La conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios -este 18 de abril- es una ocasión oportuna para reflotar una reciente polémica que ha acaparado titulares de distintos medios de comunicación, en la que se denuncia que los hallazgos arqueológicos y patrimoniales serían una traba para los proyectos de inversión y, por ende, para el crecimiento económico.
Varios líderes del sector privado y dirigentes políticos han criticado ácidamente en el último tiempo la labor del Consejo de Monumentos Nacionales, señalando que los procesos a cargo de esta repartición son un ejemplo emblemático de la problemática de la “permisología”, que ahogaría el dinamismo del sector privado en una maraña de trámites burocráticos interminables. Destacan por su agresividad las palabras de un insigne directivo de una asociación empresarial del ámbito de las concesiones de obras públicas, quien calificó al Consejo como una “desgracia” y sostuvo que los hallazgos arqueológicos son una "basura", que dificultan llevar a cabo iniciativas muy relevantes, como la construcción de nuevos hospitales, carreteras, plantas industriales o centros comerciales.
El Día de los Monumentos y Sitios es una iniciativa del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), que es la organización no gubernamental responsable de proponer los bienes a obtener el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, siendo aprobada por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. Busca generar conciencia, a través de una temática anual diferente, sobre la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, para aumentar los esfuerzos necesarios para su conservación y protección. Detrás de esta efeméride está la convicción de que el resguardo del patrimonio es clave para avanzar hacia un desarrollo inclusivo e integral, incluyendo su dimensión económica, como señala la Unión Europea.
Desde ese punto de vista, es necesario conciliar las labores de resguardo de los vestigios verificados del pasado que tienen valor patrimonial con la ejecución de proyectos de infraestructura que mejoran la calidad de vida de las personas e impulsan la economía. Ambos objetivos deben ser compatibles.
En esta dirección, el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas propone la implementación de una política de “arqueología preventiva” para disminuir el impacto de este tipo de hallazgos en el desenvolvimiento de iniciativas de inversión. A través de ésta se definirían de antemano, en base al conocimiento disponible, "zonas de potencial arqueológico", lo que permitiría que organismos públicos y empresas privadas contaran con información relevante antes de iniciar un proyecto, posibilitando una mejor planificación de los procesos.
Como reconoce esta organización gremial, el país debe agilizar la tramitación de permisos de índole patrimonial y arqueológica para facilitar la ejecución de obras de alto interés social. Sin embargo, frente a este debate es importante no caer en miradas simplistas, dicotómicas y descalificatorias. El progreso económico y el desarrollo cultural y patrimonial de una sociedad no son valores antagónicos. De hecho, en general los monumentos y sitios arqueológicos constituyen una importante fuente de valor económico y productivo para las comunidades aledañas, creando empleo, atrayendo inversiones, generado divisas y estimulando la creatividad e innovación.
Necesitamos nuevas autopistas y puertos para aumentar la competitividad de nuestras exportaciones, pero también requerimos resguardar nuestra memoria histórica por medio de la protección de los objetos y edificaciones del pasado que la hacen tangible. Sólo así podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente desarrollada.
